Nadie que esté en su sano juicio puede negar que, en las sociedades modernas, el uso de la telefonía móvil y de todas las tecnologías que ésta trae aparejadas se ha convertido prácticamente en una obligación social y laboral. En gran medida, claro, porque facilita muchas tareas de nuestro día a día. En este sentido, las personas dedicadas a la política no podrían ser menos: en su jornada de trabajo echan mano de los teléfonos móviles y otros dispositivos similares para llevar sus cometidos a buen puerto. Hoy queremos hablaros, precisamente, de los aparatos que usarán a corto plazo los Diputados del Congreso, para que conozcáis la situación y para qué sepáis por qué no serán dispositivos Android.
El Congreso abre procedimiento para la adjudicación del contrato de comunicaciones
Como sabréis, las administraciones y órganos públicos no pueden elegir “a dedo” con quién contratan los servicios que precisan. Generalmente, se presenta un documento público en el que figuran las necesidades requeridas (en el caso que nos ocupa, las necesidades de comunicación del Congreso de los Diputados) y se “invita” a todas las empresas del sector correspondiente a que presenten su oferta para cubrir esas necesidades del mejor modo que puedan. Posteriormente, se escoge la oferta que mejor se ajuste a lo demandado, en base a criterios legales y reglamentarios.
Es precisamente este el punto en el que se encuentran las cosas ahora mismo, pues el Congreso ha publicado dichas necesidades en el BOE. Pero, como es lógico, sus Señorías ya vienen empleando teléfonos móviles y tabletas con anterioridad a esta oferta; en concreto, desde la última adjudicación y la última renovación de materiales, de 2015 y 2016 respectivamente, Telefónica viene prestando el servicio integral de comunicaciones del Congreso y los Diputados están actualmente usando, en su mayoría, dispositivos iPhone 6S y iPads (aunque es cierto que algunos han renunciado a algunos de estos aparatos).
Algunas datos sobre el proceso de adjudicación
Sin ánimo de entrar a analizar los números en profundidad, diremos que el presupuesto para esta partida se incrementa, con respecto al concurso público del año 2015, en aproximadamente un 25%, lo que supone un total de cerca de 1.600.000 euros.
En cuanto a las exigencias técnicas, se establecen dos escalones distintos, denominados “perfiles”. En el Perfil 1, en el que se solicitan 425 teléfonos (el grueso de éstos sería para los 350 Diputados), se exige de dichos dispositivos características como una pantalla de más 5 pulgadas o más, un almacenamiento interno de 128 GB o un sensor de huellas dactilares. En cuanto a las tarifas solicitadas para los portadores de estos teléfonos, se “exigen” llamadas ilimitadas (a teléfonos 901 y 902 incluidos) y 17 GB de datos de navegación.
Existe también un Perfil 2, en el que se solicitan 225 teléfonos para otros cargos públicos, en este caso con exigencias más modestas: 4 pulgadas de pantalla, 8 GB de almacenamiento interno y una tarifa de sólo 2 GB de datos para la navegación.
Para el Perfil 1, no se espera otra cosa que una remesa de iPhone 7 Plus, 8 Plus o incluso el iPhone X, que recordemos que se dispara hasta los 1.300 euros para el común de los mortales. Y en el Perfil 2 sí se podrían incluir algunos dispositivos con Android, dadas las exigencias más comedidas y los destinatarios de los mismos.
Pero, ¿por qué se descarta Android para los Diputados del Congreso?
Por un lado, aunque parezca una perogrullada, los Diputados sólo pueden usar iPhones y iPads y no smartphones y tabletas con Android porque así lo dispusieron los pliegos (los pliegos son documentos de “exigencias” técnicas del Congreso en la oferta de contratación, como el que hoy comentamos). Es decir, que en la solicitudes técnicas del Congreso sólo podría encajar una tableta o un teléfono de Apple. Para que os hagáis una idea, uno de los requisitos es que el dispositivo use iOS, exigencia ésta que se conecta con la segunda de las razones de por qué no veremos por el momento Android en los teléfonos de nuestros representantes públicos.
Y es que, a nivel interno, las aplicaciones “informáticas” del Congreso basan su funcionamiento en iOS. Así, por ejemplo, cuestiones como la gestión de las agendas y calendarios de sus Señorías o la votación telemática (que es la votación no presencial permitida en determinados supuestos) funcionan a través de aplicaciones diseñadas para el ecosistema iOS. Por este motivo, al menos por ahora, no veremos dispositivos Android en las manos de nuestros Diputados electos (salvo sus teléfonos personales, si así lo desean).
¿Es realmente necesario este desembolso?
Nada más lejos de mi intención que caer en demagogias baratas, pero creo que a nadie se le escapa que, las tareas diarias de un Diputado, podrían ser llevadas a cabo perfectamente con dispositivos mucho más modestos y, sobre todo, con dispositivos más baratos. Comprendo que se pueda argumentar que cambiar la “infraestructura técnica” interna del Congreso y las aplicaciones de uso diario resultaría muy costoso, pero también creo que se amortizaría muy rápido, habida cuenta de que se dejaría de adquirir los dispositivos más caros del mercado con el cambio.
Resulta especialmente sangrante este tipo de dispendios donde a todas luces no son necesarios, cuando existen otras Administraciones, como la de Justicia, por ejemplo, que siguen batallando a nivel interno con ordenadores anclados en Windows XP, y que necesitan mucho más una modernización tecnológica que nuestra cámara Cámara Baja. Y que, huelga decirlo, redundaría en un mejor y más ágil servicio al ciudadano.
¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis justificado o justificable esta inversión en estos dispositivos? ¿Os parece, como a nosotros, que muchos dispositivos Android, de características y precios más contenidos, podrían servir para estos fines?
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